Al despertar el verano miles de tucumanos se estremecen cuando comienzan a caer las primeras tormentas, presagiando un futuro sombrío. Desde hace años, especialmente en el sur de la provincia, los habitantes padecen las consecuencias del desborde de los ríos que inundan casas, barrios, localidades y arrastran lo que encuentran a su paso. Por ejemplo, en el período marzo-abril de 2015, la crecida de los ríos derrumbó más de una decena de puentes y alrededor de 10 mil comprovincianos perdieron sus bienes a causa de las inundaciones.
Hartos de no recibir respuestas del Gobierno, un grupo de vecinos del barrio Santa Rosa, de Aguilares, en representación de las 120 familias que padecen el desborde del río Chico desde hace 12 años, presentaron un recurso de amparo colectivo en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Le exigen al Poder Ejecutivo que “cese en su omisión (de realizar obras), que lleva más de una década, ante las inundaciones recurrentes y periódicas, que se repitieron de forma sistemática en los últimos 12 períodos estivales, y tome los recaudos necesarios, sin dilaciones ni excusas burocráticas”.
Los vecinos recordaron la desesperación que vivieron en 2016, cuando el nivel de las aguas no bajaba y nadie los socorrió, excepto los bomberos voluntarios de Aguilares. Efectuaron entonces un corte en el terraplén y en calzada de la ruta 38, para abrir un conducto por donde el agua se escurriera. La interrupción en el tránsito llevó las autoridades nacionales, provinciales y municipales a firmar un acta acuerdo para realizar obras que solucionaran la situación. “Tristemente, una vez restituido el paso vehicular, nada más se hizo. Y los olvidados de siempre seguimos olvidados”, dijeron los pobladores, que tuvieron que subirse a los techos en ocasiones para salvarse de que los arrastrara la corriente.
En 2016, varios legisladores presentaron cerca de 30 de proyectos de resolución, la mayoría de ellos sancionados en el segundo semestre, en los que le requerían al Poder Ejecutivo la ejecución de obras de encauce, de defensa de márgenes, de limpieza y de alteo en puntos críticos de 14 ríos que atraviesan zonas de riesgo, y que podrían desbordar en caso de tormentas fuertes. En una de las iniciativas, instaron al Gobierno a tomar las medidas de prevención necesarias para proteger a la población que puede verse castigada por las consecuencias que ocasionan las intensas lluvias. “Tenemos la responsabilidad de prevenir (esas crisis), con un mantenimiento necesario durante el año, o seremos cómplices de los daños que provocan estas catástrofes”, dijeron los legisladores firmantes.
En lo que va del siglo XXI, la postal de las inundaciones estivales con la destrucción y los perjuicios a la comunidad se repite con frecuencia. La realidad de los pobladores del barrio de Aguilares, similar a la que han padecido en otras localidades, refleja el poco interés o la incapacidad de los gobernantes en proporcionar soluciones concretas a problemas antiguos. Tal vez si ellos perdieran todas sus pertenencias en forma reiterada, como consecuencia de las inundaciones, se sensibilizarían ante esta tragedia veraniega y una buena parte de los dirigentes dejaría de pensar en sus ambiciones políticas personales, y se concentraría en la concreción de las obras necesarias para evitar este drama que azota a los tucumanos.